La Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal y Cajamar Caja Rural han suscrito un convenio de colaboración con el que pretenden dotar a las más de 800 empresas instaladas en el Polígono de San Cristóbal de “recursos económicos suficientes para continuar invirtiendo, creando riqueza y generando empleo”.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación, Antonio Rodríguez, para quien “las empresas, sobre todo las industriales, necesitan acceder a financiación flexible y adaptada a sus necesidades”. Este es el principal motivo del convenio suscrito entre ambas entidades, que supondrá la puesta a disposición de las empresas del Polígono de San Cristóbal de productos financieros accesibles y personalizados para el sector industrial.
El convenio ha sido suscrito entre el director de zona de Cajamar, Gustavo Ángel Puerta, y el presidente de la Asociación del Polígono de San Cristóbal, Antonio Rodríguez. Al acto ha asistido asimismo el director territorial de Cajamar, Raúl Jesús Ortega.
Gustavo Ángel Puerta ha destacado que este acuerdo se enmarca en las líneas especiales de financiación que ofrece Cajamar para contribuir a mejorar la competitividad del sector empresarial y el desarrollo de Castilla y León. “El acuerdo -ha precisado- establece condiciones especiales y soluciones integrales de valor añadido con productos y servicios a la medida de las 800 empresas asociadas, a las que vamos a prestar todo nuestro apoyo en su gestión diaria así como en sus nuevos retos de modernización o ampliación de instalaciones”.
Por su parte, Antonio Rodríguez ha recordado que San Cristóbal es el polígono más grande de Castilla y León, constituido por más de 800 empresas que generan 12.000 puestos de trabajo. Asimismo, el presidente ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid “mayor celeridad en la realización del parking de camiones”, obra ya comprometida en el Plan de Obras pero sin fecha concreta de inicio.
En el mismo sentido, el recién reelegido presidente de la Asociación del Polígono de San Cristóbal, ha exigido a la administración central, encargada de controlar el precio de las parcelas de la zona industrial “mayor flexibilidad y adaptación a los precios del mercado”, afirmando que “una media de 30 empresas al año desisten de instalarse en San Cristóbal por las trabas burocráticas y los precios fuera de mercado que impone la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)”.
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